El documento de trabajo preparado por la Secretaría de las Naciones Unidas para el Comité Especial reconstruyó la fase final de la presencia española bajo el epígrafe «Retiro de España y partición del territorio», describiendo la terminación progresiva de la administración española, la retirada de sus fuerzas y la evolución posterior del control territorial.
La retirada española del Sáhara no fue un único acto, sino un proceso desarrollado en varias fases durante los últimos meses de 1975 y los primeros de 1976. El siguiente apartado, elaborado a partir del documento de trabajo preparado por la Secretaría de las Naciones Unidas para el Comité Especial, permite reconstruir esa secuencia desde la terminación de la administración española hasta la retirada de sus fuerzas y la posterior evolución del control del territorio. (*)
La terminación de la presencia española se desarrolló por etapas y ya desde finales de octubre de 1975 se contemplaban medidas para reducir progresivamente esa presencia. El Gobierno español proyectaba evacuar a 5.000 civiles españoles del territorio para el 15 de noviembre, mientras que unos 15.000 soldados permanecerían hasta que las partes implicadas en las negociaciones de Madrid alcanzasen un acuerdo. Al mismo tiempo, se procedía al desarme de los auxiliares locales y se establecía en El Aaiún un toque de queda al anochecer. En otros centros de población se habían adoptado medidas similares, presentadas por las autoridades militares como una «precaución contra un posible estallido de violencia de los saharianos contra los nacionales españoles y sus bienes».
En enero de 1976, el secretario general de las Naciones Unidas designó a Olof Rydbeck, representante permanente de Suecia ante las Naciones Unidas, como su representante especial para visitar el territorio, investigar la situación e informar al respecto. La terminación de la administración española estaba prevista para antes de finales de febrero y se desarrolló mediante la retirada progresiva de civiles y fuerzas españolas.
Con la retirada de las tropas españolas, fuerzas marroquíes ocuparon las zonas septentrional y oriental del territorio, mientras que fuerzas mauritanas ocuparon parte de la zona meridional. En algunos lugares, estas fuerzas encontraron oposición armada del Frente POLISARIO, que había anunciado su propósito de continuar la guerra de guerrillas.
El proceso de retirada española continuó hasta finales de febrero de 1976. En un memorando de 25 de febrero, el representante permanente de España ante las Naciones Unidas comunicó al secretario general que el Gobierno español había decidido poner término definitivamente a su administración del territorio el 26 de febrero de 1976, de acuerdo con la Declaración de Principios suscrita en Madrid el 14 de noviembre de 1975.
Ese mismo día, la representación española informó de que se había convocado una reunión de la «Yema´a» para el 26 de febrero, en la que el gobernador español en funciones daría cuenta de la administración provisional y de las decisiones adoptadas por el Gobierno español. También precisó que dicha reunión no constituía la consulta a la población prevista en los acuerdos de Madrid de 14 de noviembre de 1975 ni la recogida en la Resolución 3458 B (XXX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, salvo que concurrieran las circunstancias necesarias y, entre ellas, principalmente, la asistencia de las Naciones Unidas solicitada por el secretario general.
La respuesta del secretario general de las Naciones Unidas, fechada el 25 de febrero, recordó los párrafos 7 y 8 de la resolución 3458 A (XXX) y el párrafo 4 de la resolución 3458 B (XXX). En ella se señalaba que:
«Resulta evidente de los párrafos antes citados que ni el Gobierno de España, como Potencia administradora, ni la administración temporal, de la que España forma parte, han adoptado las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos a la libre determinación por las poblaciones del Sáhara Occidental. En consecuencia, aun cuando el tiempo lo hubiera permitido y se hubieran suministrado las aclaraciones necesarias con respecto a la reunión de la Yema´a, de la cual, según me informó usted ayer, su Gobierno no tenía conocimiento, la presencia en la reunión de un representante de las Naciones Unidas designado por mí, no constituiría en sí misma una aplicación de las resoluciones de la Asamblea General mencionadas anteriormente».
Entre el 24 y el 25 de febrero, Marruecos y Mauritania solicitaron al secretario general de las Naciones Unidas el envío de un representante para asistir a las deliberaciones de la Yema´a. Marruecos invitó además a todos los miembros de la Yema´a que se encontraban fuera del territorio a participar en la reunión, asegurándoles libertad de movimientos bajo garantía de las Naciones Unidas y la posibilidad de abandonar el Sáhara si así lo deseaban.
El 26 de febrero, el secretario general respondió a ambas invitaciones remitiéndose nuevamente a las Resoluciones 3458 A (XXX) y 3458 B (XXX). Consideró que no se habían cumplido «las condiciones esenciales para la aplicación» de dichas resoluciones y señaló que, aunque el tiempo lo hubiera permitido y se hubieran proporcionado las aclaraciones necesarias sobre la reunión de la Yema´a, la designación de un representante de las Naciones Unidas para asistir a ella «no constituiría una aplicación de las resoluciones de la Asamblea General mencionadas anteriormente».
Ese mismo día se reunió la Yema´a, cuyo número exacto de representantes permanentes en El Aaiún no se precisa en el documento. La reunión fue objeto de «declaraciones contradictorias»: mientras Marruecos comunicó que la Yema´a había expresado su satisfacción por la evolución de los acontecimientos durante el período de transición, que había culminado con la retirada del Ejército español, la designación de gobernadores, la transferencia de los poderes civiles y militares a Marruecos y Mauritania y la puesta en funciones de las administraciones de ambos países, el comunicado de la propia Yema´a recogió su «agradecimiento a España» por la solicitud y la ayuda que había prestado durante su permanencia en el territorio.
También el 26 de febrero, el representante permanente de España ante las Naciones Unidas comunicó al secretario general que el Gobierno español había dado por terminada definitivamente su administración del territorio. La comunicación añadía que España se consideraba desligada de toda responsabilidad de carácter internacional relacionada con esa administración y que su participación en la administración temporal establecida por el mismo había concluido. Asimismo, señalaba que la descolonización del Sáhara Occidental culminaría cuando la opinión de la población saharaui se hubiera expresado válidamente.
El 27 de febrero, la misión permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas transmitió al secretario general un mensaje de El Khatri Ould Joumani, presidente de la Yema´a, en el que comunicaba que esta, reunida en sesión especial el 26 de febrero, había aprobado por unanimidad la «reincorporación del Territorio del Sáhara a Marruecos y Mauritania de conformidad con realidades históricas y con vínculos que han unido siempre a la población sahariana con esos dos países».
La partición del territorio quedó planteada desde comienzos de 1976 mediante el paralelo 24º, que se estableció como línea de separación entre los sectores marroquí y mauritano. A partir de enero se preveía que en el territorio se establecieran administraciones civiles y fuerzas militares de Marruecos y Mauritania. El gobernador general marroquí en la administración temporal, Sr. Ben Suda, había sido designado por el rey Hassan II como «Gobernador del Sáhara».
Ya antes de que se adoptaran medidas para consultar a la población sobre su futuro, una información publicada en la prensa señalaba que Marruecos se proponía dividir las zonas noroccidental y oriental del territorio en dos provincias, con El Aaiún y Smara como respectivas capitales.
La línea de partición quedó posteriormente oficializada mediante los acuerdos de Marruecos y Mauritania sobre la frontera del Sáhara y sobre cooperación económica, firmados en Rabat el 14 de abril de 1976. El acuerdo estableció que «la frontera estatal entre la República Islámica de Mauritania y el Reino de Marruecos estará definida por la línea recta que une el punto de intersección del paralelo 24 de latitud norte y el meridiano 13 de longitud oeste, siendo la intersección de esta línea recta con la frontera actual de la República Islámica de Mauritania el límite superior de la frontera del Reino de Marruecos». Desde ese punto, la frontera seguía la frontera actual de Mauritania hacia el norte hasta llegar a la región situada al sur de las minas de fosfato de Bu Craa y al norte de Villa Cisneros, dentro del sector mauritano.
El 11 de febrero de 1976, el Consejo de la Revolución y el Consejo de Ministros de Argelia hicieron pública una declaración sobre los acontecimientos que se estaban produciendo en el Sáhara Occidental. En ella se denunciaban las consecuencias del acuerdo tripartito publicado en Madrid el 14 de noviembre de 1975 y de la actuación de las fuerzas armadas de Marruecos y Mauritania, con asistencia activa de España:
«El plan expansionista enunciado en la declaración tripartita publicada en Madrid el 14 de noviembre de 1975 y puesto en ejecución por las fuerzas armadas de Marruecos y Mauritania con la asistencia activa de España ha dado por resultado una brutal represión contra el pueblo sahariano y ha causado ingentes masivas de los habitantes del Sahara Occidental. La valiente resistencia que el pueblo bajo el liderazgo del Frente POLISARIO opuso contra la invasión extranjera y la ocupación militar de su territorio nacional prueba verdaderamente su determinación y debe considerarse un rechazo categórico de los tendenciosos rumores sobre sus aspiraciones básicas.»
El 8 de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de Argelia se dirigió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para comunicar el aumento del número de refugiados saharauis. La cifra, que se calculaba inicialmente en 5.000, había aumentado hasta superar los 45.000. El ministro solicitó al secretario general que hiciera un llamamiento para prestar asistencia a los refugiados.
A finales de febrero, Mahmoud Riad, secretario general de la Liga de Estados Árabes, inició una misión de mediación en Marruecos, Mauritania y Argelia. Antes de comenzar el viaje se reunió en El Cairo con los embajadores de Egipto de esos tres países y envió telegramas a sus respectivos jefes de Estado, en los que pidió evitar una nueva complicación de la situación y no excluir la posibilidad de alcanzar un entendimiento. También remitió copias de esos telegramas a otros dirigentes árabes para que contribuyeran al esfuerzo de mediación.
Durante la misión, Riad mantuvo conversaciones en Fez con el rey Hassan II y en Argelia con el presidente Boumediene y el ministro de Relaciones Exteriores, Abdelaziz Bouteflika. El 21 de febrero se reunió también con dirigentes del Frente POLISARIO y con el presidente del Consejo de la Liga Provisional Sahariano. El 15 de marzo, ante el Consejo de Ministros de la Liga de Estados Árabes reunido en El Cairo, informó sobre los resultados de su misión y señaló que «la solidaridad árabe se ha debilitado con las experiencias dolorosas del Líbano y del Sáhara Occidental». Asimismo, instó al Consejo de Ministros a «asumir una responsabilidad conjunta y adoptar medidas formales a favor de las fuerzas y el potencial árabe».
Acuerdos entre Marruecos y Mauritania del 14 de abril de 1976
El 14 de abril de 1976, Marruecos y Mauritania firmaron en Rabat un acuerdo por el que se delimitaba «la frontera estatal» entre ambos países, situada, según los informes periodísticos recogidos por el documento, en el paralelo 54. El acuerdo fue firmado por el ministro de Asuntos Exteriores de Mauritania, Hamdi Ould Mouknass, y el ministro de Asuntos Exteriores de Marruecos, Ahmed Laraki. Ese mismo día se creó una comisión conjunta marroquí mauritana encargada de llevar a cabo la demarcación de «la frontera entre ambos países».
También el 14 de abril se firmó en Rabat un acuerdo de cooperación económica. Entre sus disposiciones se contemplaba la participación de la República Islámica de Mauritania en el capital social de la Société des Phosphates de Fosbucraa, S.A. (FOSBUCRAA). Los términos y condiciones de esa participación quedarían fijados mediante un acuerdo conjunto entre ambos países.
Según los informes de prensa recogidos en el documento, el capital social de FOSBUCRAA ascendía aproximadamente a 75 millones de libras esterlinas. El organismo estatal de explotación de fosfatos de Marruecos poseía el 65 por ciento y el 35 por ciento restante correspondía a España. La producción anual de la mina se estimaba en 175 millones de libras esterlinas.
(*) Fuente: Naciones Unidas, Asamblea General, Informe del Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, A/31/23/Rev.1, vol. II, cap. XI, Anexo I: Documento de trabajo preparado por la Secretaría, apartado 4, «Retiro de España y partición del territorio», párrs. 42 y ss., Nueva York, 1977.





