Actualizado el sábado, 31 diciembre, 2022
Hace unos días veíamos publicados dos artículos sobre la explotación ilegal de los recursos naturales del Sáhara Occidental. Uno de ellos sobre una columna que publicaba el Financial Times en mayo de 2019 y el otro sobre un informe de los servicios científicos del Bundestag.
El Financial Times decía que “a pesar de los escasos recursos financieros que posee para su batalla legal en los tribunales europeos contra la ocupación marroquí del Sáhara Occidental y las compañías multinacionales involucradas en el saqueo de los recursos naturales, el Frente Polisario estaba ganando la batalla”.
Hacía esta afirmación tras analizar la demanda presentada por el Frente Polisario contra el Consejo Europeo a finales del mes de abril, señalando que si ganaba esta batalla, él y sus aliados en todo el mundo podrán demandar a las empresas e instituciones que operan ilegalmente en el territorio expoliando sus recursos naturales.
En esta demanda del Frente Polisario ante el Tribunal General contra el Consejo de la Unión Europea alegaba como primer motivo su incompetencia para impedir los acuerdos internacionales entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos que incluyan al Sáhara Occidental, en lugar del pueblo de dicho territorio, tal como está representado por el Frente Polisario.
Debemos recordar que en las sentencias del TJUE, de diciembre de 2016 y febrero y julio de 2018, se establece que Marruecos y el Sáhara Occidental son territorios distintos y separados, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas y del principio de autodeterminación de los pueblos. El Tribunal aclara que lo sustantivo no es determinar si una posible actividad económica sería favorable o no a la población saharaui, sino exclusivamente saber si el representante del pueblo saharaui, el Frente Polisario, ha dado su consentimiento, en aplicación de la Resolución 34/37 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Polisario logró persuadir al tribunal para que declarara en febrero de 2019 que un acuerdo de pesca de la UE con Marruecos «no era aplicable al Sáhara Occidental ni a sus aguas adyacentes».
La reacción de Marruecos ante esta declaración no se hizo esperar y presionó con más chantajes al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo para que improvisaran una solución legal, que se convirtió en ley en enero.
El Frente Polisario presentó otra demanda judicial y exigió que el Tribunal Europeo anule el nuevo acuerdo económico de la Unión Europea con Marruecos, más o menos por las mismas razones que el TJCE ha afirmado en sentencias anteriores.
El artículo de opinión del Financial Times planteaba la hipótesis sobre qué ocurriría si el gobierno del Sáhara Occidental contara con el apoyo del Fondo Soberano de Noruega o de compañías aseguradoras de Suecia teniendo en cuenta los más de 12 billones de dólares en recursos con los que el pueblo saharaui obtendría una independencia económica que tanto Marruecos como las multinacionales (muchas de ellas españolas) pretenden impedir. Aseverando que “a pesar de los pocos recursos que tienen los saharauis, los tribunales europeos les están dando la razón”.
En cuanto al informe “Aspectos del derecho internacional en el conflicto del Sáhara Occidental” (marzo de 2019), los servicios científicos del Bundestag alemán confirmaban que Marruecos ocupa el Sáhara Occidental y viola la 4ta Convención de Ginebra, según el Estatuto de Roma en lo referente a la transferencia de colonos marroquíes a los territorios ocupados del Sáhara Occidental, lo que constituye un “crimen de guerra”.
Un crimen de guerra es una violación de las protecciones establecidas por las leyes y las costumbres de la guerra, integradas por las infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario cometidas en un conflicto armado y por las violaciones del Derecho Internacional. El término se define en gran medida en el Derecho internacional, incluyendo la convención de Ginebra. Los malos tratos a prisioneros de guerra, civiles, y genocidios son considerados crímenes de guerra.
El 1 de julio de 2002 empezó a funcionar el Tribunal Internacional en La Haya, con el fin de perseguir los crímenes de guerra cometidos después de dicha fecha, y que fue establecido por el Estatuto de Roma.
Sin embargo aunque el delito cometido se describe en el informe, no es aplicable ya que Marruecos consciente de las violaciones que comete y las consecuencias legales que conlleva, firmó el Estatuto de Roma en el año 2000 pero nunca lo ratificó.
La comunidad internacional conoce la ley aplicable en el Sáhara Occidental, la ocupación ilegal de Marruecos y las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuyas reglas son claras sobre el hecho de que la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental y su comercialización sin el consentimiento de la población saharaui son ilegales.
No obstante, parece que el informe de los científicos Bundestag alemanes no es suficiente para que las empresas alemanas pongan fin a su asociación comercial y su apoyo financiero a la ocupación de Marruecos del Sáhara Occidental, varias de estas empresas siguen llevando a cabo actividades comerciales en los territorios ocupados y se benefician de la explotación de los recursos naturales a expensas de la población saharaui, violando así el derecho internacional. Una de esas empresas es Siemens (Siemens Gamesa), que participa en los proyectos marroquíes de energía eólica que tienen lugar en esa región.
Una característica principal de la política marroquí en el Sáhara Occidental ocupado ha sido la adquisición y distribución gradual de tierras a través de diversas medidas, incluida la declaración de “tierras estatales”, la impunidad para la ocupación de viviendas y tierras saharauis por parte de los colonos y el estímulo de actividades económicas en los territorios ocupados. Es previsible que debido al avance de las nuevas construcciones en los territorios ocupados y a los incentivos económicos ofrecidos por el gobierno marroquí aumente el número de colonos aún más.
Nada de esto es nuevo, en los informes de los Países sobre prácticas de derechos humanos para 2018 sobre el Sáhara Occidental, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EEUU, también confirmó que Marruecos se está comprometiendo y continúa con la práctica relacionada con la regla 130 del derecho internacional humanitario en cuanto al traslado de la población civil marroquí al territorio ocupado, lo que constituye un crimen de guerra.
Ana Garrido
