Actualizado el lunes, 6 abril, 2026
Los sucesos de Zemla en 1970 y con el nacimiento del Frente POLISARIO en 1973 hicieron que el sentimiento anticolonial saharaui fuera cada vez más evidente y calara en todos los ámbitos de la población de la provincia del Sáhara español.
El 11 de enero de 1974, se produjo un episodio relevante en el taller de confección gestionado por la Sección Femenina, que puede interpretarse no sólo como un conflicto laboral, sino también como una de las primeras reivindicaciones femeninas en los primeros tiempos del movimiento anticolonial saharaui.
Catorce mujeres trabajaban allí tras haber pasado por la Escuela de Hogar, dentro de un modelo que las situaba en una posición indefinida: aunque llevaban años realizando tareas de producción, continuaban siendo consideradas oficialmente como alumnas, una condición que les impedía acceder a derechos laborales básicos.
El funcionamiento del taller estaba marcado por una lógica de control estricta, donde la jerarquía y la diferenciación racial determinaban quién decidía y quién obedecía. Las órdenes, llegaban desde arriba, dictadas por las responsables falangistas, sin que las trabajadoras saharauis tuvieran ningún margen de intervención. Así, la chispa que encendió el conflicto fue un cambio impuesto sin consulta: la reducción del tiempo de descanso para el almuerzo. Lo que podía parecer una modificación menor fue rechazado por las trabajadoras y terminó desencadenando un enfrentamiento que no puede entenderse de forma aislada, sino como parte de un clima cada vez más tenso y crítico hacia la administración colonial.
Los informes elaborados por la Sección Femenina reflejaban una visión paternalista y deslegitimadora de las trabajadoras, interpretando sus protestas como simples problemas de disciplina:
«Quiero aclarar que, esta clase de incidentes, se sucedían con relativa frecuencia ya que, por las características sociales de estas mujeres son muy dadas al griterío y a organizar escándalos que, para ellas, es una distracción más y no comprenden que estas actuaciones puedan tener un alcance como el que este hecho ha ocasionado…».
Lo que desde las autoridades se etiquetaba como simples “alborotos” era, en realidad, una forma de resistencia cotidiana frente a las dinámicas de control impuestas por el sistema colonial. En este caso, además, la situación escaló a un nuevo nivel: tras una reprimenda, ocho de las trabajadoras decidieron abandonar el taller, lo que originó su despido y su separación de todas las actividades de la Sección Femenina. Pero lejos de quedar en un gesto aislado, su reacción tomó forma de acción organizada: reclamaron los pagos que se les adeudaban.
Decidieron llevar el caso ante los tribunales con la ayuda de un abogado, cuya intervención incomodó notablemente a la organización falangista, que llegó a señalar que “sabemos está metiéndose demasiado en asuntos que no son de su incumbencia”.
Quienes continuaron en el taller no dejaron de plantear demandas concretas. Querían que se aclarara si aquel espacio era realmente una escuela o un centro de trabajo. Reclamaban mejoras salariales y exigían su incorporación al sistema de Seguridad Social.
Las reivindicaciones empezaron a dar frutos. Las autoridades laborales terminaron reconociendo que, una vez superada la fase inicial de formación (a través del PPO), la actividad que desarrollaban encajaba plenamente en la de un empleo: cumplían un horario, recibían un salario y participaban en una producción orientada al mercado. Ese reconocimiento suponía, en la práctica, admitir que eran trabajadoras por cuenta ajena, aunque nunca se hubiese formalizado un contrato por escrito.
Las consecuencias no tardaron en llegar. El taller-escuela terminó por desaparecer y, en su lugar, se impulsó una reorganización en forma de cooperativa. Ese mismo año, además, la Seguridad Social comenzó a implantarse en la provincia, incorporando también a estas trabajadoras cooperativistas. Aun así, su acceso a la cooperativa quedaba condicionado a la aprobación de sus padres o esposos.
Aunque no se mencionaba explícitamente la implicación del Frente POLISARIO en estas iniciativas, el contexto dejaba entrever un clima de creciente tensión, marcado por el aumento de las demandas formuladas por las mujeres saharauis. Ante esta situación, la Sección Femenina optó por endurecer su postura y responder con firmeza.
«De un tiempo a esta parte notamos en nuestras alumnas una actitud de exigencias e indisciplinas fuera de lo normal, de esto por supuesto en todo momento se le informa a Gobierno y la línea que seguimos es siempre la que él nos marca, en el caso concreto del incidente ocurrido la decisión común que tenemos es la de mantenernos firmes y a estas mujeres darles justo lo que se merezcan».
Sin embargo, desde una perspectiva histórica, estas acciones pueden interpretarse como parte de una transformación más profunda. Las reivindicaciones laborales se integraban en una dinámica de contestación política que cuestionaba no sólo las condiciones de trabajo, sino también las estructuras de poder colonial.
Este modo de proceder se repitió a lo largo de 1974 y 1975 en un escenario marcado por una movilización cada vez más intensa. Pero este clima de agitación no se circunscribía únicamente al ámbito laboral. En los últimos años de la presencia española, el espacio educativo se convirtió también en un foco clave de contestación.
En este contexto, se produjo una huelga el 30 de enero de 1975 en El Aaiún. La participación de estudiantes se debía posiblemente al desarrollo del movimiento nacionalista que calaba en la población.
Días antes, el lanzamiento de granadas contra un cuartel de policía había elevado la tensión, provocando una respuesta inmediata de las autoridades, que reforzaron el control sobre la población estudiantil.
A partir de entonces, el acceso al instituto quedó sometido a un control riguroso para los estudiantes saharauis, y las detenciones practicadas en esos días contribuyeron a tensar aún más la cuerda.
La protesta se hizo eco en distintos espacios educativos: desde las escuelas hasta el instituto, pasando por el centro de PPO (una especie de formación profesional básica de la época) y el Colegio Menor masculino. A lo largo de la mañana, alrededor de sesenta estudiantes, entre ellos una decena de chicas, se concentraron a las puertas del instituto General Alonso, donde permanecieron, según recogen los informes, hasta el mediodía.
Las autoridades identificaron como principal referente de la movilización a «Haidala uld Sidahamed uld Nayen, estudiante de COU y presidente de la Junta Juvenil del Colegio Menor», aunque también señalaron a otros once estudiantes como figuras destacadas, de los cuales siete eran mujeres. Estas jóvenes, desempeñaban un papel activo en la organización de las protestas dentro de los espacios femeninos del Grupo Escolar Sahara, el Grupo Escolar La Paz y el propio PPO.
Aunque la protesta no fue atribuida oficialmente al Frente POLISARIO, las autoridades sospechaban de una coordinación superior.
Según consta en la Nota para el general jefe del Sector del Sahara” (Capitanía General de Canarias, 31 de enero de 1975):
«Es muy probable que el dirigente de esta campaña sea el natural HAIDALA ULD SIDAHAMED ULD NAYEN, estudiante de COU y presidente de la Junta Juvenil del Colegio Menor, si bien puede también casi asegurarse que se trata de mero intermediario dirigido desde lo desconocido, aún para el Servicio, no obstante se continúa la investigación a fin de averiguar lo que pueda haber detrás del mencionado HAIDALA».
Se produjeron después encuentros con representantes del sistema educativo y fuerzas de seguridad. Los setenta estudiantes, ocho de los cuales eran mujeres, denunciaron la represión policial, incluyendo detenciones y torturas, así como la imposición de la afiliación al PUNS. Asimismo, formularon una serie de propuestas orientadas a mejorar el sistema educativo, el refuerzo de la enseñanza del árabe, el aumento de recursos y la ampliación de becas. Pidiendo, además, que querrían reunirse libremente con otros estudiantes de Villa Cisneros y Smara.
No era casualidad que lo que pasaba en el mundo laboral apareciese también en el ámbito estudiantil. Las demandas de un cambio político, el acceso al trabajo y la presencia activa de las mujeres en la vida social llegaban también a la provincia del Sáhara español.
En lo ocurrido tanto en el taller de confección como en las protestas estudiantiles, se ve con claridad cómo en los últimos años del dominio colonial español, las mujeres saharauis no se limitaron a acompañar a sus compañeros varones en las movilizaciones, sino que asumieron un papel activo en las exigencias políticas, sociales y económicas.
La ceguera del tardofranquismo impidió que las autoridades de la metrópoli vieran la realidad, ya que lo que ellos entendian como simples actos de indisciplina eran la prueba clara de que el pueblo saharaui ya estaba reafirmando su identidad nacionalista y su rechazo al colonialismo.
Este artículo resume un apartado de la tesis doctoral de Enrique Bengochea Tirado, La Sección Femenina en la provincia de Sahara (1961-1975), defendida en la Universitat de València.
