En una carta de fecha 29 de enero de 2002 dirigida al presidente del Consejo de Seguridad (S/2002/161) , el Subsecretario General de Asuntos Jurídicos de la ONU, Hans Corell, explicó que los contratos para la explotación de petróleo en el Sahara Occidental violaban los principios del derecho internacional aplicables a las actividades de recursos minerales en los territorios no autónomos.